Javier Collins Agnew

La Verdad Panamá

Los productores de arroz elevaron el tono de sus advertencias y anunciaron que esta semana podrían pasar de las quejas a acciones concretas, en medio de un escenario marcado por el incremento de los insumos, la reducción en la capacidad de siembra y la exigencia de respuestas urgentes al gobierno para sostener la producción nacional.

El productor de arroz de la provincia de Veraguas, Omar Spiegel, encendió las alertas al señalar que Panamá cuenta actualmente con suficiente arroz para garantizar el abastecimiento nacional, pero el incremento sostenido en los insumos agrícolas, sumado a la incertidumbre en el sector, pone en riesgo la estabilidad de la producción.

Inventarios confirman abastecimiento: “el arroz está en el país”

Spiegel fue enfático en desmontar cualquier alarma sobre escasez del grano, asegurando que las cifras oficiales evidencian un incremento significativo en la disponibilidad.

Según detalló, al 20 de marzo de 2025 el inventario nacional de arroz se ubicaba en 3.5 millones, mientras que para la misma fecha de 2026 asciende a 4.8 millones, lo que representa un aumento de 1.3 millones.

El dirigente explicó que este crecimiento coincide con el volumen de arroz que ingresó al país fuera de la cadena formal durante el 2025, estimado también en 1.3 millones, distribuido entre importaciones a través de molinos, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), y otras vías.

“Ese arroz hoy forma parte de la disponibilidad nacional. El producto ya está dentro del sistema y listo para el consumo”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a informarse con datos verificables y evitar la desinformación: “La seguridad alimentaria es un tema serio. El arroz está en el país. No va a faltar”.

Fertilizantes disparados: costos se duplican y amenazan rentabilidad

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al abordar los costos de producción. Spiegel advirtió que el impacto más fuerte se concentra en los fertilizantes, cuyos precios han experimentado un aumento considerable.

Explicó que estos insumos, que el año pasado oscilaban alrededor de 30 dólares, actualmente superan los 50 dólares y podrían alcanzar entre 60 y 70 dólares, replicando el comportamiento registrado durante la pandemia.

Recordó que en escenarios anteriores, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el Estado intervino con subsidios que pasaron de 9.50 a 16 dólares para amortiguar el impacto.

“En este caso la respuesta la tiene el gobierno. ¿Qué acciones va a tomar? Porque de no haber apoyo, el costo inevitablemente tendrá que trasladarse al consumidor”, advirtió.

Menos siembra y posible presión: productores evalúan medidas

El incremento en el combustible es otro factor crítico que golpea directamente la capacidad productiva del sector. Spiegel explicó que un productor que antes podía sembrar 100 hectáreas, hoy apenas alcanza a cubrir 50 debido al encarecimiento de este insumo.

Esta reducción no solo afecta la producción, sino que tiene un efecto dominó en la economía rural, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

“Un productor que siembra menos, se mueve menos y comercializa menos, impacta directamente las áreas más pobres”, señaló.

Ante este escenario, los productores plantean como medidas urgentes el apoyo estatal en combustible, fertilizantes y agroquímicos, con el objetivo de evitar una caída en la producción nacional.

Aunque evitó adelantar acciones de presión, Spiegel confirmó que el tema será abordado en el Segundo Congreso Internacional del Arroz, que se realizará en Chiriquí, donde productores de todo el país definirán las próximas decisiones.

“No quería hablar de medidas de presión en este momento, pero sí es cierto que esta semana nos reuniremos a nivel nacional para evaluar qué acciones tomar”, concluyó.

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La explosión de tres carros cisternas en tanques de almacenamiento ubicados en las inmediaciones del Puente de las Américas y entrada pacífica de la vía interoceánica encendió una alerta: la existencia de una amenaza directa al Canal de Panamá en uno de sus puntos más sensibles.

El incidente, registrado a inicios de esta semana, no solo obligó a restringir el paso de equipo pesado sobre la estructura, sino que abrió un debate urgente sobre la seguridad de infraestructuras críticas ubicadas en la entrada misma de la ruta interoceánica.

Para el ingeniero Gonzalo Soto, especialista en corrosión y metalurgia, lo ocurrido debe analizarse en una dimensión mayor, donde cualquier evento de gran escala podría tener repercusiones no solo locales, sino internacionales.

“El problema no es únicamente el puente. Aquí estamos en una zona donde un accidente mayor puede afectar la confianza en la ruta del Canal de Panamá”, advirtió.

Riesgo latente para la ruta canalera

Soto fue enfático en que un evento de mayor magnitud en este punto estratégico podría comprometer no solo vidas humanas, sino también la percepción de seguridad de la comunidad marítima internacional.

Un incidente de gran escala, incluso sin impacto directo sobre una embarcación, podría sembrar dudas sobre la confiabilidad de la vía, con consecuencias económicas y geopolíticas para el país.

El especialista explicó que la cercanía entre instalaciones industriales, el puente y el Canal convierte la zona en un punto crítico que requiere controles mucho más estrictos.

Advirtió que cualquier afectación severa en la estructura o en su entorno inmediato podría generar interrupciones, restricciones o alertas en el tránsito marítimo.

“Estamos hablando de una ruta clave para el comercio mundial. Aquí no hay margen para errores”, sostuvo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen restricciones parciales en el puente, permitiendo únicamente el paso de vehículos livianos, a la espera de los resultados de las evaluaciones técnicas.

Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ya realizaron inspecciones en el área afectada para determinar las condiciones reales de la estructura.

Se espera que el informe final sea entregado en los próximos días, documento que será clave para definir si existen daños que requieran intervención inmediata.

Soto insistió en que hasta no contar con esos resultados, cualquier afirmación sobre la seguridad total del puente sería prematura.

Advirtió que un deterioro significativo del Puente de las Américas podría escalar a un escenario de mayor gravedad para el país. “Un puente deteriorado puede afectar la operación del Canal. Esto sería desastroso y fatal para Panamá”, señaló.

Asimismo, cuestionó la gestión de las terminales de combustible en áreas estratégicas vinculadas a la vía interoceánica, indicando que “la única institución con capacidad para manejar estos asuntos es la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)”.

Tanques diseñados para combustible marino bajo sospecha

En paralelo, otro elemento emerge como posible detonante del siniestro: el uso de instalaciones diseñadas para combustibles marinos en operaciones con gasolina.

Según explicó el ingeniero Soto, los tanques involucrados no estaban concebidos originalmente para manejar gasolina, un producto mucho más volátil y con mayor generación de vapores inflamables.

“La gasolina exige condiciones mucho más estrictas. No es lo mismo que manejar combustibles marinos”, precisó.

El cambio de uso, advirtió, implica ajustes técnicos fundamentales en sistemas de seguridad, ventilación, control de vapores y manejo de riesgos.

De no haberse realizado estas adecuaciones, el escenario se vuelve altamente peligroso, especialmente durante operaciones de carga de cisternas.

“La pregunta clave es si esas instalaciones fueron realmente adaptadas para gasolina. Si no, eso pudo incidir directamente en la explosión”, sostuvo.

Otro punto crítico señalado por el especialista es el sistema de protección catódica, que maneja corrientes eléctricas de alta intensidad dentro de los tanques.

Estas instalaciones, explicó, deben contar con bridas de aislamiento y sistemas adecuados para evitar la generación de chispas durante la conexión de equipos.

“La ausencia o falla en esos sistemas puede generar chispas en puntos críticos, y con vapores de gasolina eso es una combinación peligrosa”, advirtió.

Aunque aclaró que aún no se cuenta con todos los elementos para una conclusión definitiva, Soto considera que existe una alta probabilidad de que el uso inadecuado de estas instalaciones haya influido en el siniestro.

El experto, con décadas de experiencia en refinerías y terminales de combustible, señaló que este tipo de operaciones requiere diseños específicos que no admiten improvisaciones.

Más allá de la causa puntual, el ingeniero también cuestionó la falta de una política sostenida de mantenimiento e inversión en infraestructuras críticas en Panamá.

“Muchas veces lo que vemos son soluciones temporales, parches, pero no un mantenimiento integral que garantice seguridad a largo plazo”, indicó.

El Puente de las Américas, construido entre 1959 y 1962, sigue siendo una de las principales conexiones del país, lo que aumenta la preocupación sobre su estado actual y su nivel de mantenimiento.

Soto concluyó que lo ocurrido debe marcar un punto en la gestión de riesgos en zonas estratégicas vinculadas al Canal de Panamá.

“Estamos hablando de vidas humanas, pero también de la estabilidad de una de las rutas más importantes del mundo. Aquí no se puede improvisar”, sentenció.

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Los tanques de almacenamiento ubicados debajo del Puente de las Américas, construidos con sistemas de remaches y uniones roscadas en lugar de soldadura, quedaron en el centro de la preocupación tras el incendio registrado en el área, advirtió el ingeniero Gonzalo Soto, especialista en corrosión.

Según explicó, este tipo de estructuras responde a tecnologías antiguas, cuando la soldadura no era de uso generalizado, lo que implica un comportamiento distinto frente a eventos extremos como el fuego.

“Las tuberías y conexiones no están soldadas, sino ensambladas con tornillos o remaches. Eso es tecnología de otra época”, señaló.

El fuego cambia las reglas

Soto indicó que la exposición a altas temperaturas, como las generadas durante el incendio, puede alterar las propiedades mecánicas del acero, afectando su resistencia.

“El problema no es solo lo que se ve. El acero puede cambiar internamente dependiendo de la temperatura alcanzada, el tiempo de exposición y la forma en que se enfrió”, explicó, refiriéndose al puente de las Américas.

Uniones más vulnerables

El especialista advirtió que, en estructuras con uniones mecánicas, estos efectos pueden ser más delicados, ya que existen múltiples puntos de conexión donde pueden generarse fallas.

“Son sistemas que tienen muchos puntos críticos: tornillos, roscas, remaches. Todos esos elementos pueden reaccionar distinto ante el calor”, sostuvo.

Riesgo latente tras el incendio

A juicio del experto, la combinación de antigüedad, tipo de construcción y exposición al fuego configura un escenario que no puede ser subestimado.

“Estamos hablando de estructuras viejas sometidas a un evento extremo. Sin pruebas, no se puede asegurar en qué estado quedaron”, advirtió.

Soto insistió en la necesidad de realizar inspecciones técnicas directamente en el lugar, incluyendo pruebas de dureza y análisis del comportamiento del acero.

“Aquí no se puede especular. Hay que ir al sitio con equipos, hacer pruebas y determinar si el material mantiene sus propiedades”, afirmó.

Ubicación agrava el escenario

El hecho de que estos tanques se encuentren justo debajo de una infraestructura clave como el Puente de las Américas incrementa el nivel de preocupación.

“El riesgo no es aislado. Está debajo de una estructura que soporta tránsito constante. Eso obliga a tomar decisiones con base técnica”, indicó.

Traslado como medida preventiva

El ingeniero fue claro en señalar que la permanencia de estos tanques en esa ubicación representa un riesgo que debe ser evaluado con urgencia.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino dijo que actualmente no existe una decisión tomada sobre el futuro de los tanques de combustible ubicados bajo el puente, muchos de los cuales presentan signos evidentes de abandono.

Indicó que algunos incluso muestran crecimiento de vegetación en su interior, lo que sugiere un deterioro prolongado y una posible  pérdida de utilidad operativa.

Estas tierras, por su ubicación estratégica frente al mar, podrían destinarse a otros usos, dependiendo de los resultados de los análisis que realicen las autoridades competentes.

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La Verdad Panamá

El Puente de las Américas debió permanecer cerrado hasta la realización de pruebas técnicas con escáneres y evaluaciones en sitio tras el incendio registrado en su estructura, según advirtió el ingeniero Gonzalo Soto, especialista en corrosión, quien sostuvo que sin estos estudios no es posible determinar con certeza el estado real del acero ni descartar afectaciones internas.

El incendio registrado bajo el Puente de las Américas no solo dejó daños visibles en la superficie, sino que pudo haber provocado alteraciones profundas en la estructura interna del acero, advirtió Soto quien también es docente universitario.

Según explicó, el verdadero problema no es lo que se observa a simple vista, sino los cambios invisibles que ocurren cuando el acero es sometido a altas temperaturas.

“Todo depende de dos factores clave: la temperatura que alcanzó el material y el tiempo que estuvo expuesto al calor. Entre más alta la temperatura y más prolongado el calentamiento, mayores son los cambios”, señaló.

El experto detalló que, al superar los 500 grados centígrados, el acero comienza a transformar su estructura interna, y al acercarse a los 800 grados centígrados, estas transformaciones se vuelven críticas.

“A esas temperaturas el acero deja de comportarse como lo hacía originalmente. Cambian sus propiedades mecánicas, que son las que garantizan su resistencia”, explicó.

Soto enfatizó que no solo el calor influye, sino también la forma en que el material se enfría tras el incendio.

“No es lo mismo un enfriamiento rápido, como si se le aplicara agua o condiciones bruscas, que un enfriamiento natural al aire. Eso genera propiedades mecánicas diferentes en el acero”, indicó.

Esta combinación de factores —temperatura, tiempo de exposición y enfriamiento— impide, según el especialista, emitir conclusiones sin pruebas técnicas.

“En este momento estamos adivinando. No se puede asegurar nada sin ir al sitio y hacer las evaluaciones correspondientes”, afirmó.

Pruebas en sitio: la clave para saber la verdad

El ingeniero sostuvo que es indispensable realizar ensayos en campo para determinar si el acero mantiene sus condiciones originales o si ha sufrido degradación.

Entre las pruebas mencionó evaluaciones de dureza, análisis del comportamiento mecánico y estudios especializados que permitan comparar el estado actual del material con sus condiciones previas al incendio.

“Hay que llevar equipos al sitio, hacer pruebas directamente sobre la estructura y luego interpretar esos resultados. No es algo que se pueda resolver desde una oficina”, advirtió.

Indicó además que muchos de estos equipos y metodologías requieren apoyo externo, ya que no siempre están disponibles en el país.

Riesgo oculto en el concreto

El especialista también alertó sobre posibles daños en el concreto que recubre las estructuras metálicas, lo que podría generar un problema adicional.

“El concreto puede agrietarse con el calor. Esas fisuras dejan expuesto el acero interno, y ahí es donde comienzan procesos de corrosión que no se detectan de inmediato”, explicó.

Soto recordó que durante años se sostuvo la teoría de que el concreto protegía completamente al acero de la corrosión, pero estudios internacionales han demostrado lo contrario, especialmente en zonas costeras como Panamá.

“Hoy se sabe que el acero dentro del concreto sí puede corroerse, sobre todo en ambientes como el nuestro”, sostuvo.

Añadió que este tipo de deterioro no es inmediato, pero puede comprometer la estructura con el paso del tiempo si no se detecta a tiempo.

Cuestionan reapertura sin estudios completos

En ese sentido, insistió en que cualquier evaluación responsable debe incluir tanto el análisis del acero expuesto como del que se encuentra dentro del concreto.

El experto cuestionó además la decisión de permitir el tránsito vehicular sin haber realizado previamente estas pruebas.

“Yo hubiera hecho primero todas las evaluaciones necesarias, aunque tomara una semana más, y después autorizaba el paso de los vehículos. No al revés”, expresó.

El comportamiento real se verá con el uso

Soto advirtió que los efectos reales del daño podrían manifestarse con el uso continuo de la estructura.

“Nos vamos a dar cuenta cuando empiecen a pasar los carros. Ahí es donde el material empieza a responder bajo carga”, señaló.

Evaluación integral, la única garantía

Finalmente, subrayó que la única forma de garantizar la seguridad del puente es mediante un estudio técnico integral que incluya pruebas en sitio, análisis especializados y la participación de personal calificado.

“Hay que traer equipos, gente que sepa hacer las pruebas y que pueda interpretar los resultados. Solo así se puede saber si el acero sigue siendo el mismo o no”, concluyó.

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La justicia panameña atraviesa uno de sus momentos más cuestionados. La lentitud en los procesos y la creciente percepción de selectividad en la aplicación de la ley están debilitando la confianza de la ciudadanía en un sistema que, para muchos, ya no garantiza igualdad.

En medio de esta realidad, juristas advierten que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Los casos que se prolongan por años, las decisiones que generan dudas y los resultados dispares han encendido las alarmas.

Fallas estructurales y un sistema que no despega

El abogado Luis Fuentes Montenegro sostiene que reducir el problema a una sola causa sería simplificar una situación compleja que arrastra múltiples fallas estructurales.

A su juicio, el Sistema Penal Acusatorio, que en su momento fue presentado como una solución moderna y eficiente, no ha cumplido con las expectativas en la práctica.

“Existen múltiples factores. Decir que una sola causa produce tales retrasos sería desacertado. El sistema penal acusatorio en la práctica no ha resultado tan eficaz como se pronosticaba y muchas veces sale a flote la falta de imparcialidad”, explicó.

Esta falta de imparcialidad, según el jurista, es uno de los elementos que más golpea la credibilidad del sistema, ya que abre la puerta a sospechas sobre la transparencia en la toma de decisiones.

Influencias, poder y justicia desigual

Pero el problema no se queda en lo técnico. Fuentes Montenegro advierte que existen factores externos que influyen directamente en el ritmo y rumbo de los procesos judiciales.

Señala que, aunque en teoría todos los casos deberían ser tratados con igualdad, en la práctica intervienen intereses que alteran esa premisa.

“Ningún caso debería ser prioridad por encima de otro. Pero intervienen razones como el rejuego político, la intención de congraciarse con el poder de turno y la presión de ciertos medios alineados a intereses políticos y económicos”, afirmó.

Estas declaraciones ponen sobre la mesa un tema sensible: la posible interferencia de poderes fácticos en la administración de justicia, una percepción que ha ido ganando terreno en la opinión pública.

El cuestionamiento más severo apunta a la aplicación desigual de la ley, especialmente cuando se comparan casos de distintos perfiles sociales y económicos.

Para Fuentes Montenegro, el sistema actúa con firmeza frente a ciertos sectores, pero pierde fuerza cuando enfrenta estructuras de poder más complejas.

“La Ley Penal se ha venido afianzando como un instrumento implacable contra los que se creen árboles sin sombra… pero cuando se trata de grupos de cuello blanco, de delincuencia organizada económica entretejida con el poder político, es infuncional, cómplice, blandengue”, sostuvo.

En esa misma línea, el abogado y exlegislador Guillermo Cochez coincide en que la lentitud de la justicia tiene un impacto directo en la percepción ciudadana.

Asegura que existe una sensación generalizada de desigualdad en el acceso y aplicación de la justicia, especialmente entre quienes no cuentan con recursos económicos.

“Hay una percepción de que la justicia se aplica solo para los de abajo, los que no tienen abogados famosos”, expresó.

Cochez también advierte que los procesos pueden extenderse durante años, particularmente cuando los involucrados tienen la capacidad de recurrir a instancias superiores.

“Los que tienen recursos van hasta la Corte y demoran tres o cuatro años en procesos donde ya han sido condenados”, señaló.

Según el exlegislador, estas dilaciones no siempre son producto de la carga laboral del sistema, sino que en algunos casos responden a estrategias legales para ganar tiempo.

“Lo que buscan es ver de qué forma quedan liberados por influencias y otras cosas que se dan con bastante frecuencia en nuestro sistema judicial”, agregó.

Desconfianza ciudadana

Ambos juristas coinciden en que el daño más profundo no está únicamente en los expedientes que se acumulan, sino en la percepción de que la justicia no opera con equidad.

Esa percepción, advierten, puede tener consecuencias peligrosas para la estabilidad institucional del país.

Fuentes Montenegro alerta que la falta de confianza en el sistema penal puede llevar a la ciudadanía a cuestionar su legitimidad.

“Esto genera más desconfianza en el sistema penal. La ciudadanía empieza a creer que la justicia no existe o que es inoperante”, indicó.

En un contexto social donde aumentan las tensiones y los reclamos ciudadanos, la debilidad del sistema judicial se convierte en un factor de riesgo adicional.

La justicia, que debería ser el pilar que sostiene el orden social, enfrenta así el desafío de recuperar credibilidad en medio de críticas crecientes.

Mientras tanto, en la calle, la percepción parece avanzar más rápido que los expedientes.

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